El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido de forma cautelar las licitaciones para la concesión de asistencia sanitaria correspondientes al concierto ISFAS 2025 y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
Esta medida surge tras un recurso presentado por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que argumentó un perjuicio de «difícil o imposible reparación» si los trámites del procedimiento de contratación continuaban.
Decisión y próximos pasos
El TACRC ahora debe examinar el fondo del recurso presentado, tras lo cual se determinará si se mantiene o se levanta la suspensión cautelar. Esta decisión temporal afecta directamente a las mutualidades que gestionan la atención sanitaria de miles de beneficiarios vinculados al Ejército y al ámbito judicial.
Aseguradoras involucradas
En el caso de MUGEJU, las aseguradoras que se habían presentado al proceso licitatorio son Asisa, Adeslas y Nueva Mutua Sanitaria. Para ISFAS, únicamente participaron Asisa y Adeslas.
MUFACE: una problemática distinta
En paralelo, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) enfrenta una situación aún más compleja. Su última licitación quedó desierta debido a la negativa de las aseguradoras a participar, argumentando que la subida del 17,1% en las primas ofrecida por el Gobierno resultaba insuficiente para cubrir sus costes, lo que las habría llevado a mayores pérdidas económicas.
Ante este panorama, el Gobierno tiene previsto lanzar un nuevo procedimiento de licitación. Mientras tanto, MUFACE ya ha iniciado trámites preparatorios mediante una consulta preliminar al mercado. Sin embargo, según ha advertido el sindicato CSIF, este proceso podría extenderse hasta enero o incluso más allá, generando incertidumbre entre los funcionarios beneficiarios.
Debate sobre la sostenibilidad del modelo
La problemática en torno a MUFACE se ve agravada por un reciente informe del Ministerio de Sanidad que plantea como «razonable» la eliminación de la prestación sanitaria concertada para los funcionarios. Según este documento, el modelo actual resulta insostenible, por lo que se sugiere integrar a los beneficiarios en el sistema público de salud, lo que supondría un cambio estructural en la cobertura sanitaria de este colectivo.
Implicaciones futuras
La decisión del TACRC y el descontento de las aseguradoras reflejan tensiones crecientes en el sistema de mutualidades, un modelo que, aunque tradicionalmente ha ofrecido una alternativa a la sanidad pública, enfrenta ahora serios desafíos financieros y operativos. La resolución de estos casos marcará el futuro de la asistencia sanitaria para miles de funcionarios y militares, y podría influir en la continuidad de este sistema dual en España.
