La mutualidad Muface, que proporciona cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios públicos, se encuentra en una encrucijada crítica.
Actualmente, permite a los servidores públicos acceder a servicios sanitarios privados a través de conciertos con aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV, pero el futuro de este modelo está en entredicho.
Primera licitación desierta
La primera licitación para renovar el concierto sanitario quedó desierta después de que las principales aseguradoras se retiraran, alegando pérdidas económicas. En respuesta, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, ha lanzado una consulta al sector asegurador para determinar las condiciones de un nuevo acuerdo. Han dado un plazo de 10 días hábiles, hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras detallen los precios de las primas por grupos de edad para los años 2025, 2026 y 2027.
División en el Gobierno
Sin embargo, existe una marcada división dentro del Gobierno sobre el futuro de Muface. Mientras Función Pública busca mantener el modelo actual, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García y vinculado al partido Sumar, presiona por su disolución. Sanidad ha presentado un informe que asegura que el Sistema Público de Salud está preparado para asumir a los titulares y beneficiarios de Muface sin riesgo de colapso.
El plan de Sanidad contempla una transición gradual a partir del 1 de enero de 2025, con una prórroga de nueve meses del concierto actual. Durante este periodo, se incorporarían progresivamente los funcionarios al sistema público. El objetivo sería transferir los 2.600 millones de euros actualmente destinados a mutuas a las comunidades autónomas para reforzar sus servicios de salud.
Para Sumar, la disolución de Muface es una promesa electoral clara. En su programa, específicamente en el punto 14 sobre «derecho a la salud», abogan por incluir a los beneficiarios de mutuas como Muface, Mugeju e Isfas en la cobertura sanitaria universal. Argumentan que el actual sistema es un privilegio para los funcionarios y que las aseguradoras privadas «seleccionan a los pacientes más rentables».
No obstante, esta postura encuentra considerable oposición. Sindicatos y Colegios de Médicos se muestran escépticos y advierten que la integración podría llevar al colapso del sistema sanitario público y un aumento significativo de las listas de espera. Las declaraciones de Mónica García y su número dos, Javier Padilla, que aseguran que el sistema público no sufriría al absorber 1,5 millones de mutualistas, chocan frontalmente con estos temores.
El sector socialista del Gobierno parece más favorable a mantener Muface, como demuestra el empeño de Función Pública por renovar el acuerdo. Inicialmente ofrecieron un incremento histórico de primas del 17,1%, y actualmente continúan realizando esfuerzos para encontrar una solución que satisfaga a las aseguradoras.
El desenlace de esta situación permanece incierto. La próxima licitación será crucial para determinar si Muface continuará en su formato actual o si se materializará el plan de integración propuesto por Sanidad y Sumar. Mientras tanto, 1,5 millones de funcionarios siguen a la expectativa, pendientes de una decisión que podría transformar significativamente su cobertura sanitaria.
Ver también:
El Gobierno amplía de dos a tres años la nueva licitación para renovar Muface hasta 2027
El Gobierno lanza una consulta a las aseguradoras para determinar el precio a pagar por Muface
